Tuxtla Gutiérrez, Chis., (Proceso).- El gobierno estatal insistió hoy en la reubicación de los 20 indígenas exonerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la matanza de Acteal de 1997 y quienes fueron liberados el 12 de agosto pasado.
En entrevista, el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, aseguró que el grupo de indígenas tzotziles manifestó su decisión de aguardar a la liberación de sus otros 32 compañeros que aún siguen presos.
Además, el funcionario estatal descartó la instalación de una "mesa de reconciliación" en el municipio de Chenalhó --con miras a un posible retorno de los liberados a sus comunidades de origen--, ya que "ellos ya firmaron una minuta de reubicación en otra región de Chiapas, pues de volver, "podría suscitarse un conato de violencia".
Insistió en que los indígenas no han rechazado su reacomodo fuera de la región de Chenalhó, y sólo aguardan a que sea liberado el resto de sus 32 compañeros, que podrían ser beneficiados con los amparos que ya revisa la SCJN.
"Quieren esperar, porque ellos piensan que es una forma de solidaridad con los que están detenidos, pero no para rechazar su reubicación, sino para decidirla juntos", aseguró Noé Castañón.
Reconoció que el diálogo de forma conjunta se ha trastocado, pero no interrumpido, pues los primeros 20 liberados se dividieron en dos grupos: uno de ellos lo integran 13 indígenas que se encuentran en un hotel campestre de Berriozábal, bajo la asesoría de dos ambientalistas; en tanto que siete más se encuentran en una casa-hotel de Tuxtla, bajo la asesoría de líderes evangélicos.
Estos siete indígenas, encabezados por Tomás Pérez Méndez, ya decidieron un lugar dónde residir en el municipio de Ocozocuautla; en tanto que el resto aguardará a la liberación de sus compañeros presos.
Explicó que de los 13, no todos quieren tierras y otros han manifestado su intención de que se les apoye para instalar un negocio propio.
Dijo que ayer informó a los 13 liberados que la SCJN turnó el asunto al ministro José Ramón Cossío Díaz, luego que fue desechada la ponencia del ministro Sergio Valls Hernández.
Estos le manifestaron su intención de viajar a la Ciudad de México para presionar por una solución, y "probablemente envíen a algunos de sus abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)".
"Nosotros seguimos trabajando, buscando en dónde ofertarles y tener todos los estudios; no es una cosa sencilla, tenemos que hacerlo con todo el cuidado para que se ubiquen en lugares donde realmente puedan reactivar su vida y tener los recursos para subsistir", indicó.
Dijo que no está roto el diálogo con los liberados, y que el gobierno estatal ha dispuesto de personal que esté al pendiente de sus necesidades.
Para Castañón León, "no hay riesgo de que los liberados regresen a Acteal", porque esa fue la labor de distensión que se hizo, aparte de la firma de minutas para su reubicación, "precisamente para evitar problemas, ellos no han manifestado el querer romper o desconocer el pacto.
"Que se vayan a sentar a una mesa, no; ellos están buscando su reacomodo en otro lado, no han manifestado que quieran sentarse con Las Abejas. Nosotros, el gobierno del estado, sí estamos garantizándole al otro grupo cualquier medida de seguridad que nos soliciten para que estén tranquilos y haya paz", dijo el funcionario estatal.
"Creo que la mayor distensión posible fue esta, si ellos hubieran regresado, podría haberse suscitado un conato desde cualquier perspectiva, desde un incidente mínimo, por eso hemos insistido en que se reubiquen en otra parte de la geografía, y a Las Abejas garantizarles toda la tranquilidad para vivir en paz", mencionó.
Por otra parte, miembros de la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México fijaron hoy su postura sobre los primeros 20 liberados por la SCJN.
Indicaron que luego de ese fallo, "se abrió un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad, de la que muchas vidas han sido presas de dolor, tragedia y lágrimas por la injusticia, por la impunidad y porque la voz de los más débiles no ha sido escuchada por los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal".
En una misiva, explicaron que en el caso Acteal se deberá hablar a los encargados de impartir justicia para que no se vuelva a repetir esta situación, para que no vuelvan a pasar inocentes doce años tras las rejas de una prisión para sufrimiento de ellos "y para vergüenza de los mexicanos".
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