Conapred discrimina indígenas

Ciudad de México, DF., (Contralínea).- Más de 9 millones de indígenas viven en constante discriminación; sin embargo, el Conapred –organismo encargado de garantizar el trato igualitario y el acceso de oportunidades– carece de programas dirigidos a esta población, observa la ASF. Representantes de organizaciones indígenas ni siquiera conocen de la existencia de la institución. La dependencia federal asegura que no se le han otorgado recursos para desempeñar su trabajo con la población indígena

“¡Quítate el sombrero cuando entres, indio!” Fue la orden que un funcionario público de la agencia municipal de Huahutla, en Hidalgo, espetó a Ramiro Díaz Baltasar, un indígena nahua que apenas había pisado las oficinas gubernamentales. El joven se negó a despojarse de una de las prendas que lo identifican como campesino.

Integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, Ramiro había acudido a realizar gestiones administrativas para tramitar los apoyos que entrega el gobierno a través de programas de desarrollo social para algunas organizaciones campesinas e indígenas.

De la burocracia no obtuvo ninguna atención. No hubo secretaria ni oficinista que le diera indicaciones de lo que debía hacer para realizar el proceso administrativo; tampoco hubo a quién dirigirse para asentar una queja.

Ramiro es uno de los 9 millones 533 mil 126 indígenas registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que viven expuestos a las prácticas de discriminación en diversos sectores.

La marginación en la que subsisten estos pueblos es el resultado “de siglos de explotación y discriminación, pero se ha acentuado y se ha hecho más visible en las últimas décadas, afectando, sin duda, a los grupos indígenas de nuestro país y dificultándoles el desarrollo”, dice el estudio Pueblos indígenas del México contemporáneo, elaborado por el investigador Federico Navarrete Linares para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ante esta situación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reprobó la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo al que se le asignaron 93 millones 87 mil 600 pesos en 2007 para desempeñar su trabajo “no avanzó en la consecución del objetivo de la política pública de prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y proteger los derechos humanos de los indígenas”, indica el dictamen del órgano encargado de fiscalizar y revisar la aplicación de los recursos públicos.

La ASF precisó en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 que el Conapred “careció de programas y acciones específicas para atender a la población indígena contra los actos discriminatorios de que son sujetos”.

Hablar de discriminación, dice Ramiro, “es hablar de algo que siempre ha existido para nuestras comunidades. Desde la conquista, en que vinieron los españoles a saquear, robarnos y hacernos esclavos, nos han considerado objetos sin derechos.

“Después de que algunas organizaciones pudimos recuperar nuestras tierras de las manos de los hacendados, vemos que el mismo trato lo cometen hoy las autoridades. Del Conapred yo no sé nada”, comenta el joven nahua.

De huaraches y sombrero

“¡Pata rajada!”, “¡pinche indio!”, son, por lo menos, dos de los motes escuchados por Pedro Hernández Flores a lo largo de su vida. Él es originario del municipio de Atlapexco, Hidalgo. Dice: “Ésos son los menores agravios que conozco”.

Pedro también es indígena nahua. A sus 55 años, es presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental. El hombre estuvo preso en el expenal de la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz.

En la Fortaleza careció de todas las garantías que debería tener por ser mexicano: en el inicio de su juicio no tuvo acceso ni traductor ni defensa. Expresarse en su lengua se convirtió en una limitante y motivo de desprecio, incluso por parte de los mismos reos con los que tenía que convivir.

Los cargos por homicidio en su contra no fueron sustentados y después de dos años de encierro injustificado (de 1996 a 1998) fue liberado sin recibir ninguna indemnización. Dentro del penal veracruzano, ser indígena fue motivo de maltrato físico y verbal.

“Afuera no es tan diferente. Cuando llegamos a las dependencias de gobierno y nos ven con nuestros huaraches o sombrero, nos hacen hasta atrás, de plano no nos atienden. En los centros de salud pasa lo mismo. Mientras, en las fuentes de empleo no hay seguridad social y se cometen muchos abusos relacionados con la jornada laboral, el salario y la agresión verbal”.

El hombre dice desconocer el trabajo que ha hecho el Conapred: “Lo único que conozco son unos folletos”.

Trabajo insuficiente

Según la evaluación de la ASF, las actividades realizadas por el Conapred fueron insuficientes para “contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país”, y “coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación”, como señala el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Y es que el informe de la ASF señala que la institución, que actualmente encabeza la exatleta paralímpica Perla Bustamante, propuso en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación, con el indicador “Acciones contra la discriminación”.

No obstante, las cifras revelan que de las 73 actividades para “Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país”, sólo el 4.1 por ciento, es decir tres actividades, estuvieron enfocadas a los pueblos originarios, y de las 4 mil 531 acciones, sólo el 3.6 por ciento (162) tuvieron el enfoque para prevenir la discriminación hacia los indígenas.

Sin especificar cada una de las cifras relacionadas con los resultados anteriores, la ASF muestra que las acciones corresponden a la participación en eventos nacionales, informes de programas institucionales, organización de eventos internacionales, reclamaciones, medidas administrativas, instalación de módulos, quejas, verificaciones, asesoría, orientaciones y cursos, entre otros; todas relacionadas con otros grupos en riesgo de ser discriminados.

También, la coordinación con otras entidades federativas para prevenir la discriminación en la población indígena fue casi nula; las actividades registradas sólo fueron tres de las más de 4 mil que realizó el Conapred. Con respecto de las acciones, apenas se llevaron a cabo 35. En este rubro se identifican procesos administrativos, actos de juicio laboral, civil y penal, y otros.

La ineficacia

Juana Guadalupe Gómez llegó de la región indígena de Oventic al único hospital regional de los Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con peritonitis. Después de tres días de permanecer postrada en una cama del nosocomio, murió sin siquiera ser auscultada por un médico. El reportero Hermann Bellinghausen del periódico La Jornada dio a conocer –el 27 de abril de 2008– que “racismo y negligencia” en el hospital coleto causaron la muerte a la indígena de 72 años.

En abril de ese año, “la coordinación de la clínica zapatista La Guadalupana, del caracol de Oventic, denunció que el 90 por ciento de los pacientes que ha canalizado en las semanas recientes –en su propia ambulancia– al único hospital regional de los Altos, en San Cristóbal, recibe mala o nula atención”.

Tzeltales, choles, zoques, tzotziles, tojolabales, mochó, todos ellos son tratados con la misma discriminación en la capital chiapaneca. En esta región, los actos de racismo persisten como en la época de la colonización, dice Daniel Luna, integrante del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste.

“En Chiapas, como en todo México, hay un racismo profundo de la sociedad mestiza y del régimen. El grupo de personas oriundas de la principal ciudad chiapaneca (San Cristobal), los llamados coletos, manifiestan el desprecio por los indígenas en todo momento; los tachan de ignorantes, creen que el indígena no debe tener acceso al manejo de vehículos y mucho menos a pisar la acera por donde pisan ellos”, dice el activista social.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la atención del Conapred se circunscribe a “toda acción que tenga por objeto hacer distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, el Conapred –entonces dirigido por Gilberto Rincón Gallardo– estableció que promovería la protección de los derechos humanos y la no discriminación, para lo que desempeñaría actividades que supuestamente permitirían el desarrollo de una cultura a nivel nacional sobre los derechos humanos, así como fomentar una cultura contra la discriminación. Su meta programada fue de 2 mil 827 acciones.

No obstante, la ASF determinó que la meta para prevenir y eliminar la discriminación “no se definió con base en un propósito estratégico que reflejara un compromiso concreto por parte del Conapred”.

Lo anterior incumplió con el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de fine como meta al “propósito estratégico que refleja el compromiso concreto que asumen las dependencias y entidades para lograr el cumplimiento anual de los objetivos de los programas presupuestarios”.

Andrés Solís, subdirector de información del Conapred, indicó que el Órgano Interno de Control en el organismo continúa en el proceso de solventación de observaciones hechas por la ASF.

El funcionario justificó la falta de acciones a para prevenir la discriminación hacia los grupos indígenas, debido a que durante 2007, 2008, 2009 no se contempló la asignación de presupuesto a este rubro.

Anunció que será hasta los próximos meses cuando se inicie una campaña en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y será hasta 2010 cuando se proyecte un presupuesto específico para los pueblos indios.

La discriminación en el DF

Ocho de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal reconocieron no contar con programas de atención a población indígena, revela el informe La ciudad pluricultural. La política indígena del gobierno del Distrito Federal y su armonización con los mecanismos internacionales 2008, elaborado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, entre las que niegan la atención a la comunidad indígena. El resultado se logró después de diversas consultas realizadas a través del sistema acceso a la información Infodf

Gloria Ramírez, presidenta de la organización, dice que el Estado mexicano no ha dado la categoría de ciudadano pleno a los pueblos indígenas; no están reconocidos sus derechos colectivos y ha creado paradójicamente mecanismos de exclusión por los que debe haber responsables y sancionados

Álvaro Obregón. No presentan ningún programa, o cuando menos acción específica, orientado a la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Esta delegación registra 19 mil 58 indígenas. Las etnias que habitan en esta zona son nahua, otomí y mixteco

Azcapotzalco. No cuenta con ningún área, dirección o departamento de asuntos indígenas. A través del Infodf justifican: “No se puede determinar si existe personal indígena trabajando, debido a que los trabajadores de nuestra demarcación han transitado por un proceso de urbanización”

Benito Juárez. No existe un programa o área específica sobre asuntos indígenas. Dicen que “se busca promover una cultura de no discriminación a los grupos vulnerables y atender sus peticiones; sin embargo, en cuanto a la atención a este grupo durante 2007 y 2008 no se ha recibido ninguna solicitud por parte de alguna persona o grupo residente en la delegación Benito Juárez para la atención de asuntos indígenas”

Coyoacán. Cuenta con la Unidad Departamental de Equidad que desarrolla el programa de atención a población indígena residente en Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos. Respondió: “En esta delegación política no existen pueblos indígenas por lo que… no tiene programas al respecto”

Cuauhtémoc. Es quizá una de las delegaciones con mayor presencia indígena migrante, pues en ella convergen indígenas triquis, mixes, zapotecos, entre otros, que en busca de un mejor nivel de vida migran a la ciudad. Aquí se desarrolla el Programa de Atención a Población Indígena 2008, elaborado a través de la Subdirección de Atención Comunitaria que depende de la Dirección General de Desarrollo Social

Iztacalco. Reconoce la presencia de la población indígena. Las colonias registradas con mayor presencia de habitantes que hablan alguna lengua indígena son: “Agrícola Pantitlán, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, La Cruz Coyuya, Campamento 2 de Octubre, y la Reforma Iztaccíhuatl Sur”. Desarrolla programas de servicios de gratuidad médica, asesorías jurídicas y psicológicas, albergues y actividades de carácter deportivo, político

Iztapalapa. Cuenta con el Programa de Atención a Grupos Indígenas, a través del cual se “han realizado talleres de diversidad cultural, enfocado directamente en los asentamientos de grupos indígenas que se encuentran en la demarcación, además ha realizado actividades lúdico y recreativas para incrementar los lazos de convivencia familiar y comunitaria”

En esta demarcación hay un total de 20 mil 502 indígenas. Las principales lenguas que se hablan en la delegación son: mixteco, otomí, mazahua, mazateco y triqui

Magdalena Contreras. La Dirección General de de Desarrollo Sustentable, a través de su Subdirección de Desarrollo Rural, refirió tener a su cargo el Consejo de Pueblos Originarios de la Magdalena Contreras; asimismo manifestó que “dichos pueblos ostentan tal calidad por ser propios o nativos del la construcción histórica de esta delegación, no así porque deriven de raíces propiamente indígenas, en tal caso, a dichos pueblos se les proporciona un tratamiento a fin de la conservación o preservación de sus actividades y tradiciones inherentes, lo cual no implica directamente un reconocimiento a la calidad indígena, ya que en la demarcación no se tienen identificados asentamientos propios de esta calidad, lo cual no permite su tratamiento en lo particular como grupo social. Esto a su vez se encuentra sumado a la visión de que la delegación atiende de manera general y congruente a la población contrerense, y a la fecha no a individualizado u enfocado tareas a la promoción o preservación de la población indígena”

Miguel Hidalgo. “La delegación no entra en los polígonos de pueblos indígenas”

Milpa Alta. Los programas, proyectos y/o acciones que la delegación son los siguientes: “El programa de fortalecimiento de la lengua náhuatl en las distintas casas de cultura y Museo Regional, además la difusión de danzas tradicionales (aztecas, vaqueros y danzas prehispánicas), muestras gastronómicas, medicina tradicional, herbolaria, baño de temascal”

Tláhuac. La Dirección General de Desarrollo Económico y Rural indicó: “En esta demarcación no existen programas, proyectos y/o acciones encaminadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Federal, toda vez que no existen como tales. A la fecha, perviven tradiciones y costumbres en los siete pueblos y los barrios que los conforman, pero su población es mestiza. Dichos pueblos y barrios son de origen prehispánico, en donde viven personas ancianas que hablan el idioma náhuatl”

Tlalpan: no se consideraron competentes, sugiriendo turnar la petición a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Xochimilco. Se encuentran asentados pueblos indígenas que se ubican en los diferentes barrios de la delegación y continúan llevando a cabo sus costumbres y tradiciones. No obstante, la Dirección General de Administración declaró que “no cuenta con un presupuesto específico para atención a indígenas”