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26 feb. 2009

Repudio internacional a asesinato de indígenas mixtecos

Ciudad de México, DF., (Proceso).- Más de 140 organizaciones nacionales e internacionales exigieron al gobierno mexicano esclarecer la ejecución extrajudicial de los indígenas guerrerenses, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

También exhortaron al presidente Felipe Calderón a acatar las recomendaciones que formuló el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la protección a defensores de garantías fundamentales.

Agrupaciones estadunidenses como Human Rights Watch (HRW), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG) y Fundación Debido Proceso Legal (DPLF), así como Front Line, con sede en Dublín, Irlanda, reprobaron los hechos y demandaron el esclarecimiento de los homicidios.

En un pronunciamiento dirigido a Santiago Catón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la directora de Front Line, Mary Lawlor, consideró que los asesinatos de los dirigentes mixtecos "están directamente relacionados con su trabajo legítimo y pacífico de defensa de los grupos indígenas en Guerrero"

Por ello, solicitó la intervención de la CIDH para exigir al gobierno mexicano que se realice una investigación imparcial y se castigue a los culpables; además, que se adopten medidas para garantizar la "seguridad e integridad física y psicológica"de los familiares de las víctimas, así como "poner fin a las intimidaciones en contra defensores de derechos humanos en México".

En tanto, las organizaciones estadunidenses instaron al procurador de Guerrero, Eduardo Murrieta Urrutia, a llevar a cabo una investigación imparcial, toda vez que hay, advirtieron, "información creíble" de que los responsables de la captura ilegal de Lucas Lucía y Ponce Rosas son agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).

Los representantes Eduardo Bertoni, de DPLF; José Manuel Vivanco, de HRW; Lisa Haugaard, de LAWG, y Goef Thale, de WOLA, demandaron el esclarecimiento de los hechos y el agotamiento de la averiguación TAB/SC/AM/161/2009, de manera que "los responsables puedan ser identificados, enjuiciados y sancionados".

A esa condena se sumaron otras 140 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que advirtieron que las muertes de los dirigentes indígenas se produjeron en un ambiente de "desinterés e ineficacia del Estado para presentarlos con vida tras la denuncia de su desaparición forzada".

Advirtieron que esos hechos "pueden sentar un precedente funesto en caso de no realizarse acciones concretas para evitar se repitan esas violaciones graves en el futuro inmediato".

Subrayaron que en la sesión del 13 de febrero efectuada en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a adoptar medidas para proteger a defensores de garantías, así como alentar una investigación efectiva de los crímenes en contra de activistas, periodistas y abogados para que sus responsables sean castigados.

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