Guatemala, Guatemala, (Noticias Aliadas).- El 13 de setiembre se cumplió un año de la aprobación por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, impulsada por Guatemala y otros países con importante presencia indígena como México y Perú. Sin embargo, para los indígenas guatemaltecos —42% de los 13 millones de habitantes de este país centroamericano— el texto es letra muerta.
En un comunicado, la Coordinación y Convergencia Maya Waqib’ Kej —que agrupa a las más importantes organizaciones mayas del país— denunció el incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo que establece parámetros mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la libre determinación, autonomía, propiedad de la tierra y acceso a los recursos naturales en las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado.
“A un año de la aprobación de las declaraciones de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la situación del pueblo maya de Guatemala continúa en situaciones inhumanas y de constante atropello de sus derechos individuales y colectivos por parte de las políticas de intervención y desplazamiento impulsadas por el gobierno de turno, para beneficio de los intereses de empresas nacionales y locales, en detrimento de la vida colectiva de las comunidades indígenas”, señala el comunicado.
Según Waqib’ Kej, las autoridades, en “una clara violación a los derechos históricos reconocidos por la ONU”, autorizan proyectos que afectan “sus tierras y territorios y otros recursos, relacionados con la utilización o la explotación de los recursos minerales, hídricos y de otro tipo”.
El gobierno “entrampa a las comunidades y organizaciones indígenas en promesas burocráticas para empantanar las demandas de solución real a las desigualdades estructurales en las que por más de cinco siglos permanece el pueblo maya de Guatemala”, precisa.
La organización denunció, igualmente, que ante sus demandas el gobierno responde con “acciones de represión, violencia y persecución política”.
Waqib’ Kej demandó al gobierno del presidente Álvaro Colom el respeto a los derechos reconocidos en la declaración, así como a las decisiones consensuadas tomadas en consultas comunitarias contra la explotación minera en sus territorios, a la libre determinación y resistencia para la protección de los recursos naturales, y cese de la persecución contra dirigentes indígenas.
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