Ayutla de los Libres, Gro., (CIMAC).- Las mujeres de Barranca Guadalupe, en la zona Me´phaa (tlapaneca) de La Montaña de Guerrero revivieron su miedo desde el pasado lunes, cuando soldados del Ejército Mexicano, “guachos”, como les llaman, regresaron al lugar e instalaron un campamento.
Las niñas y niños dejaron de ir a la escuela y las mujeres se encerraron en sus casas por miedo a ser violadas por “los guachos”, como ha ocurrido antes, como pasó en 2002 a Inés y Valentina, quien entonces tenía 17 años de edad.
La agresión sexual contra ellas, en Barranca Tecuani y en Acatepec, respectivamente, con tan solo unos días de diferencia, no ha tenido reparación, ni se ha castigado a los culpables.
“Me robaron la tranquilidad y la de mi familia”, dice Inés a Cimacnoticias. “Como mujer me queda claro que el gobierno no respeta mis derechos y garantías, como los militares que me violaron; me mataron en vida, ya no soy la Inés feliz que era antes, ahora soy diferente, vivo con miedo”.
El lunes llegaron los “guachos”, dice Inés, y “me encerré con mis hijos, ya no salí, me enfermé, estuve con dolor de cabeza, calentura y temblaba, no dejé que mis hijos salieran a la escuela”.
Su hija y sus dos hijos, de 11, 9 y 5 años de edad, respectivamente, le dijeron con mucho miedo que no querían ir a la escuela, “no te vamos a dejar sola, mamita”.
“Tengo mucho miedo –dice Inés—de que mi hija pueda ser agredida sexualmente por los “guachos”, como me pasó a mí, o que agredan a mis hijos”.
Los habitantes de Barranca Guadalupe denunciaron que los militares, acampados a la entrada de la colonia Filo Caballo, robaron de sus parcelas frijol, caña, naranjas...
Sin casi haber comido y enferma, Inés salió al jueves siguiente de su comunidad, gracias a que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se enteró de la presencia militar y mandó por ella para llevarla hacia Ayutla de los Libres, donde está la sede de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).
Ese mismo jueves, Inés e integrantes de la OPIM acudieron al penal de Ayutla, donde están recluidos cinco integrantes de la organización, acusados sin pruebas de haber matado a un informante del Ejército, entre ellos dos sobrinos de ella. Amnistía Internacional fue al lugar para verificar su estado y para indagar por qué no han sido liberados; su único delito es ser defensores de sus derechos humanos.
“NO ESTAMOS EN GUERRA”El jueves 5 de febrero, Inés regresó a Barranca Guadalupe, acompañada por Tlachinollan, por la Comisión Estatal de Derechos Humano y por dos mujeres de las Brigadas Internacionales de Paz, medios locales y Cimacnoticias.
En el campamento había al menos 50 soldados, comandados por el subteniente de Infantería del 48 Batallón, con sede en Cruz Grande, Henry Luis Ancona Flores, quien declaró que estaban allí porque se les notificó de la siembra de enervantes.
Los habitantes de la comunidad, en su mayoría mujeres, niñas y niños, entre ellos Inés y su esposo Fortunato, los integrantes de Tlachinollan y de la Comisión, así como Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la OPIM, cuestionaron, en idioma me´phaa y en español, la presencia de los soldados, como lo han hecho en otras ocasiones y hace apenas dos meses. “Esta región no está en guerra, váyanse”.
Algunos soldados fotografiaban a la gente. La presencia de las y los comunicadores, la presión de los miembros de los Centros de Derechos Humanos y de algunos miembros de la comunidad hizo que el Subteniente ordenara el retiro: en pocos minutos levantaron su campamento y se fueron.
Juan Silva Santana, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Armando Ramírez Cuevas, director de Orientación y quejas de este organismo, aseguró a Cimacnoticias que las denuncias por ataques de militares en la región han aumentado al doble. De diciembre a la fecha, ha habido alrededor de 57 denuncias por abusos de soldados.
AUTORIDADES, SIN RESPUESTAInés y Valentina, víctimas de tortura y violencia sexual por militares, buscaron justicia ante las autoridades de los gobiernos local y federal, sin encontrarla.
“A pesar de haber denunciado y pedir justicia, no hay respuesta del Gobierno mexicano, de ninguna autoridad. Ninguna funcionaria, ni diputada, ha intentado ayudarme para que se investigue mi caso”.
Para Inés es claro: ninguna funcionaria o funcionario tiene el interés de solidarizarse con los problemas que tienen las mujeres indígenas y la justicia para sus pueblos.
Agrega: “yo necesitaba apoyo al momento y nadie me lo brindó, ahora que mi caso está en instancias internacionales, que otros países piden justicia, intentan acercarse, pero aquí no hacen nada”.
La denuncia por la violación y tortura de Inés fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio del 2004 y el 12 de octubre del 2007 este organismo realizó una audiencia pública, en Washington, a la cual ella asistió junto con Valentina, quien también presentó su caso.
Después de esta audiencia, donde se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones a los derechos de estas mujeres, la CIDH emitió el pasado 7 de noviembre un informe confidencial al Gobierno de México.
El documento, dijo en su momento Tlachinollan, recomienda la reparación del daño a las víctimas, la investigación y la sanción a los militares responsables.
Están en espera de que el Estado Mexicano responda a las recomendaciones. Si no lo hace, la CIDH emitirá un Informe final o el caso irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como pidió Tlachinollan en diciembre pasado.
“Al ver a los guachos, recuerdo lo que viví y tengo miedo. Desde que fui violada vivo junto al miedo, mi vida es triste, peleo mucho con mi marido y me golpea. Le pregunto ¿por qué me pegas?”.
Inés encuentra la respuesta en la violación de los soldados, hoy libres porque el Gobierno de México le niega la justicia.
