Ciudad de México, DF., (El Universal).- Perseguidos por el hostigamiento y las amenazas de muerte, los defensores de derechos humanos en México se juegan la vida en busca de la justicia. Su actividad diaria los orilla a asumir el reto de vencer o morir. Sin garantías sobre su integridad física se enfrentan a la represión oficial, la impunidad y a la corrupción imperante entre las fuerzas de seguridad en todo el país.
En Chiapas o Tamaulipas, en Guerrero o Chihuahua, no hay condiciones para realizar las tareas de promoción y defensa de los derechos humanos, denuncian representantes de organizaciones no gubernamentales, así como activistas y luchadores sociales.
“Nunca imaginamos que en nuestra lucha por el imperio de la ley nos encontraríamos padeciendo un Estado de excepción, donde el respeto de nuestros derechos fundamentales ha quedado al arbitrio de las fuerzas castrenses y policiacas”, advierte el informe 2009 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en Guerrero.
El reporte del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) sobre la Situación de las y los defensores de derechos humanos en México, emitido en octubre pasado señala que “el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y los intercesores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor”.
El documento especifica que Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Chihuahua son los lugares donde se han denunciado más violaciones contra los defensores de derechos humanos.
José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), explica que su labor se vio mermada desde que el gobierno federal inició una guerra frontal contra el narcotráfico. “Derecho-humanistas institucionales y del ámbito civil han sido asesinados, secuestrados, golpeados, y son constantemente objeto de amenazas por parte del crimen organizado en todo el país”.
Armendáriz González, considera que en Chihuahua la guerra contra los cárteles de la droga trajo consigo un incremento en las agresiones hacia los luchadores sociales, “a tal grado que los visitadores de la CEDH concentran su labor en las cinco ciudades más grandes porque llegar a ciertos municipios representaría que los secuestraran o incluso que los ejecutaran”.
Chihuahua, un “foco rojo”A la lista de violaciones contra las y los humanistas se suma el caso de Alicia Salaiz Orrantia, fundadora de la Asociación Civil de Derechos Humanos en el municipio de Nuevo Casas Grandes, quien el pasado 5 de noviembre fue secuestrada en su domicilio por cuatro sujetos armados, sin que hasta el momento los plagiarios hayan pedido rescate o se conozca su paradero.
El 9 de octubre pasado su esposo Paz Rodríguez Ortiz fue asesinado frente a ella. La pareja circulaba en su automóvil por el primer cuadro de Nuevo Casas Grandes, cuando un grupo de hombres armados les cerró el paso y los bajó por la fuerza. A Paz lo obligaron a ponerse de rodillas y lo acribillaron. Días antes habían presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra un grupo de vendedores de droga que operaba en la localidad. Un año antes, su hijo de 36 años de edad fue atacado en la ciudad de Chihuahua y también perdió la vida.
El matrimonio fundó hace casi 20 años la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes. La organización denunció a integrantes de grupos criminales, ubicación de picaderos y brindaba apoyo legal a familiares de personas desaparecidas.
Éxodo de luchadores socialesEn el último año dos visitadores de la CEDH tuvieron que abandonar las ciudades donde vivían luego de recibir amenazas de muerte.
Gustavo de la Rosa Hickerson, primer visitador en Ciudad Juárez, tuvo que refugiarse en El Paso, Texas, debido a que él y su familia recibieron una serie de amenazas de muerte. Uno de los escoltas que tenía asignado por parte del gobierno estatal, el policía ministerial Jesús José Salas Espinosa, fue ejecutado el 12 de octubre en la ciudad de Chihuahua.
De la Rosa sostiene que quien está detrás de estas acciones son militares a quienes ha enfrentado por abusos cometidos en el marco de la lucha contra el crimen organizado desde el mes de abril del año pasado, cuando inició el Operativo Conjunto Chihuahua.
Otro caso fue el de un visitador radicado en una ciudad al sur de la entidad. El presidente de la Comisión Estatal, José Luis Armendáriz González, dijo que no podía revelar detalles del caso para no poner en riesgo al involucrado y a su familia, pero señaló que el derechohumanista recibió una llamada amenazante en su teléfono celular y a la mañana siguiente al salir de su vivienda encontró su automóvil dañado. Ante la advertencia tuvo que huir.
La activista social María Antonieta Banda Estrada dejó el poblado de Juan Mata Ortiz donde vivía, luego de recibir una serie de amenazas de parte de personas relacionadas con el narcotráfico. Ella era la presidenta de la Comisión Ciudadana para la Defensa de los Derechos Humanos.
Muerte y persecuciónEn Guerrero las y los defensores de derechos humanos se enfrentan a diario con actos de intimidación, desaparición forzada y asesinatos. Es como ir a la guerra sin fusil, aseguran representantes de organizaciones civiles de la entidad.
Pese a la adversidad al cumplir con su tarea y compromiso social, asumen el reto de perder la vida, como fue el caso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos en Ayutla de los Libres, desaparecidos y asesinados en febrero pasado, señalan sus compañeros.
Abel Barrera Hernández, director del organismo no gubernamental de Tlachinollan, dice que a pesar de las denuncias y pruebas presentadas, el gobierno, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se ha mostrado pasiva y omisa al investigar y castigar a los autores intelectuales de amenazas, persecución y muerte de los activistas protectores de las garantías individuales.
Entre los representantes sociales que han sido víctimas de ataques y amenazas está el caso de la me’phaa Obtilia Eugenio Manuel, quien apoya a 14 indígenas de la comunidad de El Camalote que fueron sometidos a esterilización forzada por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero.
Denunció la violación sexual contra Valentina Rosendo e Inés Fernández por parte de elementos de Ejército mexicano. A raíz de estas investigaciones, ella y su familia han sido víctimas de amenazas de muerte y hostigamiento.
En su reciente visita a la entidad, una delegación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que los crímenes contra los defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean investigados y procesados jurídicamente de manera efectiva, a fin de que se castigue a los responsables.
La desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas “es particularmente grave por su condición de defensores de derechos humanos, por la falta de interés e ineficacia del Estado de presentarlos con vida tras la denuncia de su desaparición forzada”.
La ONU recomendó incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a intercesores y reconocer públicamente la importancia de su trabajo en la protección de los ciudadanos vulnerables.
“Hemos experimentado frustración, impotencia, miedo ante un aparato de justicia muy corrompido e infiltrado con la delincuencia organizada y no hay una consistencia real de poder respetar los derechos humanos de las víctimas”, sostiene Barrera Hernández.
Los representantes sociales reconocen que trabajan entre el dolor y la esperanza, “aquí se castiga la pobreza y se reprime la protesta, pero entre esta impunidad y olvido, asumimos el reto de luchar para que se haga justicia”.
Chiapas y OaxacaEn estos estados defensores de derechos humanos también han perdido la vida en el ejercicio de su actividad. Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, en la zona trique de Oaxaca, se encargaban de denunciar la violencia de género contra las mujeres de esa etnia y los abusos cometidos por los caciques de la zona.
El 7 de abril de 2008 fueron asesinadas en el paraje Llano Juárez, en la carretera que conduce del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, cuando viajaban junto con otras personas en un automóvil particular. Las investigaciones no han arrojado datos que puedan llevar a identificar a los responsables.
En Chiapas, Raúl Ángel Mandujano Gutiérrez, director de Atención a Migrantes de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del Gobierno del Estado de Chiapas, vinculado con organizaciones civiles a favor de la población migrante y activo colaborador de la Red Local Anti Trata, fue secuestrado el pasado 2 de abril por cuatro sujetos armados en un restaurante de la ciudad de Tapachula. Su cuerpo, con signos visibles de golpes y tortura, fue localizado el 30 de agosto por policías estatales. La investigación de este caso, como otros en el estado, ha dejado mucho que desear, denuncian sus familiares.
Violencia sin límiteLos estados de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, son “focos rojos” para los humanistas debido a la guerra que enfrentan entre sí los cárteles de la droga y con las fuerzas castrenses y policiacas.
Sin claudicar en la lucha, el grupo Tlachinollan advierte en su último informe: “Los ciudadanos y ciudadanas nos encontramos cercados por la pobreza creciente, la narcoviolencia y el terror sembrado por el Ejército y la corrupción. El espectáculo del terror nos quiere vender la idea de que hay que sacrificar los derechos humanos para constituir un Estado-policiaco como el único modelo para enfrentar la violencia ejerciendo mayor violencia”.
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