San Luis Acatlán, Gro.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y Policía Comunitaria (PC) que se conforma en su mayoría de indígenas me’phaa y na savi y tiene su fuerza en la región de la Costa Chica de Guerrero (sur de México) pidió una consulta a ras de suelo para discutir el contenido de tres iniciativas de Ley en materia de Cultura y Derecho indígena que promueve el Congreso del estado.
Para dictaminar las tres iniciativas propuestas por tres diputados del Congreso del Estado de Guerrero, el presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, Victoriano Wences Real, del Partido del Trabajo impulsó una serie de foros de consulta para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas para “enriquecerlas, modificarlas y consensuarlas con los pueblos indígenas”, comentó.
Sin embargo, después de hacer consultas en Tlapa, en la región de la Montaña y en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero los integrantes de la CRAC-PC, que se encarga de la seguridad de los habitantes de la zona de forma comunitaria, pidió la presencia de la Comisión de Asuntos Indígenas para que difundiera el contenido de las iniciativas porque no lo conocían ni los habían tomado en cuenta para su elaboración.
La CRAC-PC funciona a través de Asambleas comunitarias y decidió cambiar el foro de consulta a uno de información argumentando que no los tomaron en cuenta en la elaboración de las iniciativas y nuevamente se hacían por “gente no indígena”.
De esa manera, en el auditorio Ejidal de la cabecera municipal de San Luis Acatlán la Asamblea declaró una sesión permanente para realizar la consulta en el territorio comunitario que comprende 11 municipios de la Costa Chica y La Montaña (sur de México) para dar a conocer el contenido de la tres iniciativas, pero dejaron claro que la actividad no implicaba la aceptación de sus contenidos.
Antes de iniciar con la participación de los asistentes leyeron un pronunciamiento con relación al foro informativo de las iniciativas de reforma sobre Derechos y Cultura Indígena apelando al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta por lo que se consideró necesario contar con copias y recursos económicos para hacer “una amplia consulta en el territorio de la CRAC-PC”.
El presidente de la Comisión de Asuntos indígenas, Victoriano Wences Real manifestó que tenían razón, pero la información a discutir no eran leyes sino iniciativas hechas por tres diputados y el como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas consideró que debían ser socializadas antes de dictaminar una en el pleno “debe llevar el sentir de los pueblos indígenas para que puedan apropiarse de ella”, dijo.
Por su parte, el diputado Efraín Ramos Ramírez dijo que no acudía a defender su iniciativa sino a difundirla para su perfección porque estaba sujeta a cambios para un mejor desarrollo de los pueblos indígenas y que por eso se realizaban los foros y se consultó a diversos líderes de opinión.
Los oradores coincidieron en que era necesaria una consulta amplia, que será lenta por las condiciones geográficas de la zona que complican el acceso a las comunidades en este temporal de lluvias, “pero no debe ser forzada” y necesitaban material para eso como copias de las iniciativas o para trasladarse.
Wences Real dijo que el Congreso no cuenta con recursos etiquetados para ello, pero a la Secretaría de Asuntos Indígenas se le aprobó el año pasado un millón y este 2010, más de medio millón de pesos para este tipo de actividades y que debían acercarse a ella con una propuesta de cómo, dónde hacerlas.
Los asistentes emplearon más de tres horas para quejarse de la exclusión que han padecido los pueblos indígenas, así como la criminalización de que son objeto por luchar por sus derechos, como las órdenes de aprehensión que existen en su contra, que no fueron consultados y que debían hacerlo, no sólo con ellos sino con toda la ciudadanía, que se ajustará a la realidad.
Que haya una ley que los respalde y proteja de las intromisiones sin fundamente de las corporaciones militares o policiacos y que para eso se retomen las propuestas hechas por diversas organizaciones, convenciones y foros, se respeten los acuerdos y contenidos de San Andrés, Ley Cocopa que fue cercenada y no se resolvió el problema en 15 minutos.
El fundador de la Policía Comunitaria, Cirino Placido insistió en la consulta a ras de suelo, “pero para eso necesitamos dinero, porque la pobreza nos limita” para que no haya remiendos en las leyes “no hay prisa ya esperamos mucho y no necesitamos ser reconocidos ya estamos reconocidos y operamos con el sistema normativo de las comunidades”.
Llegó el presidente municipal, de San Luis Acatlán, Vicario Portillo quien dijo que el tema indígena atañe a las autoridades municipales por lo que era necesario se incorporaran para conocer las iniciativas de ley que había en la materia y que no se fueran por colores partidistas porque la región Montaña y Costa Chica se integra de población indígena, se comprometió a apoyar con las copias de las iniciativas para su discusión en las comunidades de la CRAC-PC y presenten su propuesta porque no sólo debía contener lo que pensarán ellos sino de todo el estado.
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