Por Carmen González Benicio, corresponsal
Tlapa, Gro.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en la celebración de su 16 aniversario informó que en el periodo de junio de 2009 a mayo de 2010 se ha incrementado el número de detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos de los cuales documentaron 26 casos.
En su informe ejecutivo señaló que a pesar de las medidas provisionales con que cuentan 108 defensores y defensoras de derechos humanos de diciembre del 2009 a junio de este año se han suscitado nueve casos de amenazas que se suma a los siete casos que se registraron de mayo a noviembre de 2009.
Maneja que en los últimos dos meses el gobierno del estado de Guerrero, que gobierna Zeferino Torreblanca Galindo reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y egresados de la normal rural de Ayotzinapa, a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los opositores de la minera Media Luna y contra integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI) así como del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
Además de catalogar a los luchadores sociales como delincuentes y sin tregua para permitir el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra ellos que en el proceso penal logran demostrar que fueron víctimas de delitos fabricados.
Detalla que el caso del miembro de la Organización del Pueblos Indígena Me´phaa (OPIM), Raúl Hernández en el que hay evidencias de que existen una consigna para encarcelarlo por razones políticas causándole graves daños al tener más de dos años y tres meses pagando injustamente un delito que nunca cometió.
Enfatiza que en el último tramo del sexenio perredista resurgió la violencia política “como una expresión funesta del vacío de autoridad que experimenta la mayoría de guerrerenses” ante el descrédito en el sistema de justicia.
Cuestiona que para los partidos políticos y sus precandidatos el tema de la militarización, los derechos humanos, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres no formen parte de su agenda para el próximo sexenio.
Menciona que el gran desafío de los guerrerenses es luchar contra el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la inseguridad, la militarización y la corrupción de los políticos.
Describe que el estado de Guerrero es el único que tiene cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común es el Ejército como el autor de las violaciones a los derechos humanos.
Lamenta que los nuevos gobiernos neoliberales le otorgaran facultades extra constitucionales al Ejército para salir de los cuárteles e instalarse en las comunidades indígenas, atendiendo el libreto de la guerra de contrainsurgencia y se niegue al fuero civil a investigar estos delitos de lesa humanidad y los ponga en manos de la justicia militar para hacer más cruel el sufrimiento de quienes esperaban el apoyo del Estado para castigar a los responsables.
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