Ciudad de México, DF., (Avenida 24).- Este miércoles se realizó la audiencia de vista final del proceso instaurado en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas hñahñús acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación el 26 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando éstos agredían y pretendían extorsionar a algunos de los comerciantes del tianguis. Ellas, con Jacinta Francisco Marcial, exonerada en septiembre pasado de las mismas acusaciones, han sido víctimas de las violaciones a sus derechos humanos, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh).
El 25 de noviembre pasado, día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la PGR dio a conocer las conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa, solicitando una pena máxima para ellas, que podría alcanzar a más de cuarenta años de prisión, recordó.
Como ya ha sido señalado por el Centro Prodh, organización que coadyuva en la defensa a cargo del Leónides Ortiz Castillo, las pruebas con las que la PGR intenta sostener la acusación además de falsas son contradictorias, tal como ya ha sido establecido por el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito que conoció de la apelación y como lo expuso la propia Procuraduría en las conclusiones de no acusación realizadas para Jacinta, añadió.
A tres años y medio desde su detención, Alberta y Teresa vieron por primera vez al Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien a partir de hoy tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para dictar sentencia. A la audiencia de vista de hoy, además de las procesadas, el agente del Ministerio Público Federal y la defensa, asistieron altos funcionaros de la Procuraduría General de la República en la delegación de Querétaro, como ha sido constante en las últimas diligencias del caso, indicó el organismo en un comunicado.
El Centro Prodh apuntó que con base en la exhibida falsedad de la acusación y en la mala integración de la averiguación previa, el juez deberá de restarle valor a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público de la Federación y dictar sentencia absolutoria a favor de Alberta y Teresa. “Sin embargo, es importante recordar que el Juez Cuarto ya ha dictado una sentencia condenatoria para Jacinta, Alberta y Teresa, imponiéndoles una pena de 21 años de prisión, resolución que fue revocada en apelación”.
Una sentencia que avale las irregularidades cometidas por los entonces agentes federales de investigación, en colusión con el agente del Ministerio Público de la Federación, será un nuevo retroceso en materia de protección de los derechos humanos en México, advirtió. La vulnerabilidad de las mujeres, los indígenas y de quienes están en estado de marginación económica frente al sistema de justicia en México es una grave problemática que debe de invertirse, en parte, con un Poder Judicial que esté a la altura de los más altos índices de garantía de los derechos humanos, finalizó.
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