Ciudad de México, DF., (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México anuló hoy por deficiencias en el proceso las condenas impuestas a nueve indígenas acusados de participar en una matanza, mantuvo seis y ordenó repetir el juicio a otros dieciséis implicados por la misma causa, informaron fuentes del alto tribunal.
La decisión de anular los juicios implica que los nueve indígenas, que llevaban más de una década en la cárcel por la matanza de 45 tzotziles ocurrida en diciembre de 1997 en el municipio de Acteal, en el sureste de México, saldrán próximamente de la prisión federal de El Amate, en la ciudad de Cintalapa.
Un portavoz de la SCJN explicó a Efe que la decisión se tomó por mayoría entre los cinco magistrados de una de las salas del Supremo, cuatro de los cuales votaron a favor de las nuevas excarcelaciones, que dejan a esos condenados "en libertad absoluta".
En el caso de los 16 reos que deberán ser juzgados de nuevo, la SCJN estimó que aún hay pruebas contra ellos que deberá revisar un Tribunal Unitario en Chiapas, el estado sureño donde ocurrieron los hechos, aunque únicamente por homicidio calificado y lesiones, menos cargos de los que se les impuso inicialmente.
La decisión de los magistrados de la Sala Primera considera que en los procesos contra los indígenas condenados por la muerte de 45 aborígenes, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) basó sus sentencias en pruebas y testigos fabricados.
El jurista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) José Antonio Caballero, defensor de los afectados, se mostró decepcionado con el fallo pues esperaba "que fueran más" los reos que serían liberados.
Sin embargo, dijo estar en términos generales "satisfecho" con la decisión porque "se está ayudando a reconstruir muy bien el proceso", donde los condenados carecieron de garantías básicas, como un traductor que les explicara a lo que se enfrentaban.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por presuntos paramilitares, también aborígenes, que acabaron con la vida de 45 tzotziles de la comunidad de "Las Abejas", 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos.
Los agresores eran simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y estaban enfrentados con sus víctimas en un estado dividido desde 1994 entre seguidores y detractores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Por el caso fueron detenidas un centenar de personas, y a lo largo de los años han sido liberadas más de la mitad, los últimos veinte el pasado 13 de agosto.
La tragedia forzó la renuncia en el seno del PRI del entonces secretario de Gobernación (Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el autor intelectual de la masacre.
Hace una semana el gobierno chiapaneco explicó en un comunicado que una fiscalía especial de esa región, creada para ir al fondo del caso, había hallado "nuevos datos que acreditan la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, así como civiles".
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