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22 oct. 2009

Garantizar traductores en procesos judiciales a indígenas: Toledo

Ciudad de México, DF., (ADN).- Aún cuando existen avances en la ley para garantizar la asistencia de un intérprete o traductor en cualquier procedimiento judicial, en la práctica prevalece la violación de los derechos procesales de los indígenas, por esta razón, el Senador Adolfo Toledo Infanzón presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a garantizar éste derecho constitucional a ésta parte de la población a ser asistido por defensores y traductores.

De lo contrario, expresó el Senador por Oaxaca, “se mantendría la transgresión a la garantía constitucional de procesos justos, dada la carencia de defensores de oficio y traductores que asesoren en su propio idioma a los indígenas, además de que existe desconocimiento de las costumbres jurídicas de éstos grupos por parte de ministerios públicos y jueces”.

Lo anterior, se hace indispensable ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se reconocen en nuestro país alrededor de 10 millones de personas hablantes de al menos 61 lenguas indígenas; 16 de ellas se utilizan en el Estado de Oaxaca, señaló el senador Toledo Infanzón, “todas las entidades federativas cuentan con población indígena, y Oaxaca es el estado que registra el mayor número de hablantes”, por lo que recalcó la necesidad de lograr estos objetivos en beneficio de los indígenas.

Toledo Infanzón subrayó, que “se percibe un nocivo actuar de la autoridad, puesto que sólo se procuran traductores cuando existe una dificultad evidente de comunicación. Comprender castellano, puntualizó, no significa entenderlo plenamente, menos aún en juicios, querellas y declaraciones ministeriales que están cargados de formalismos y tecnicismos”.

Esto contradice a la Ley Federal de Defensoría Pública, la cual exige que las autoridades penales cuenten con traductores en casos donde estén involucradas personas que hablen una lengua indígena, acciones que perjudican a gran parte de la población, como ocurre en Oaxaca.

Asimismo, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDO) cuenta con poco más de una veintena de defensores legales expertos en 20 lenguas indígenas, “lo que a todas luces es una cifra insuficiente para toda la población indígena”, mencionó el Senador por Oaxaca.

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