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14 ago. 2009

Ex fiscal mexicano niega fabricación de pruebas en caso de matanza de Acteal

Ciudad de México, DF., (EFE).- El ex fiscal general de México Jorge Madrazo, responsable de la investigación en 1997 de la matanza de Acteal, negó hoy que se fabricaran pruebas y testimonios para condenar a los autores de aquel crimen, después de que veinte de ellos fueran el jueves puestos en libertad por orden del Supremo.

El entonces Procurador General de la República afirmó en declaraciones a la emisora W Radio: "Jamás instruí, orienté, admití a sabiendas o toleré que se obtuvieran pruebas de manera ilícita", como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Madrazo aseguró que tras producirse la matanza de 45 indígenas tzotziles en la comunidad mexicana de Acteal, en el estado de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) intentó enviar a su "mejor gente" al lugar, ya que la oficina local no tenía los recursos necesarios.

El ex funcionario defendió la labor de los fiscales y jueces, que trabajaron con las instrucciones de actuar "con legalidad, rapidez y eficacia".

La PGR acreditó el delito penal y la presunta responsabilidad de más de 124 personas, también indígenas, sobre las que se dictó orden de prisión, dijo Madrazo, quien admitió desconocer si todas ellas fueron detenidas.

Además, afirmó que la fiscalía actuó de forma que se evitaran nuevos episodios violentos en una región con alta tensión política tras el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.

"No puedo entender que se diga que se fabricaron las pruebas, esas pruebas están y también los testigos", dijo el ex fiscal tras afirmar que al menos tres jueces revisaron las sentencias.

La Suprema Corte anuló el pasado miércoles el proceso judicial a veinte indígenas que permanecían presas desde hacía más de una década por la matanza de Acteal y que ayer salieron en libertad.

Los magistrados del Supremo consideraron que en el proceso se violaron las garantías individuales de los inculpados, entre ellas el derecho a una defensa adecuada y a la traducción del español, idioma que algunos de ellos no hablaban.

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