Oaxaca, Oax., (La Jornada).- Pobladores del municipio mixe de Santa María Tlahuitoltepec se niegan a entregar a las autoridades a tres personas acusadas de secuestrar a un taxista en el Distrito Federal, de intento de robo y de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El alcalde Erasto Martínez González dijo que la situación de los detenidos se resolverá en una asamblea general del pueblo, con base en los usos y costumbres de la comunidad.
La aprehensión de Mayolo Gutiérrez Pacheco, Marcelino Vásquez Torres y César Israel Contreras –los dos primeros originarios de la localidad y el tercero de la ciudad de México– ocurrió el 25 de febrero pasado, por órdenes del ayuntamiento.
Los presuntos delincuentes fueron capturados luego que un testigo informó que los tres sujetos llegaron armados a Santa María a bordo de un taxi con placas del Distrito Federal, conducido por una persona cuyo nombre no se dio a conocer, a la cual secuestraron en la capital del país, y se les sorprendió cuando intentaron asaltar la Caja de Ahorro Solidaria. "Confirmamos que el taxista fue secuestrado en el Distrito Federal y pretendían llevarlo a Rancho Texas, de donde son dos de los secuestradores", dijo.
La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría General de Gobierno del estado han estado negociando la entrega de los acusados, pero no han tenido éxito.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca abrió el expediente CDDHO/270/(14)/OAX/2009, a petición de Elena Gutiérrez Pacheco, hermana de uno de los detenidos, por la violación de los derechos de los capturados a la legalidad, la seguridad jurídica, la libertad y la integridad.
Dos visitadores adjuntos de la CDDHO acudieron a Santa María en compañía del delegado regional del Gobierno estatal con sede en el municipio de Ayutla Mixe, Heriberto Antonio García, pero los vecinos se resisten a dialogar y han advertido que no darán información hasta obtener una respuesta de la asamblea, informó el funcionario.
El presidente de la CCDH, Heriberto Antonio García, dijo que la autoridad de Santa María no puede, con el pretexto de aplicar usos y costumbres, pasar sobre la Constitución.
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