Puebla, Pue., (La Jornada de Oriente).- Miles de indígenas en la región de Ciudad Serdán están siendo extorsionados por funcionarios del gobierno estatal y federal encargados de operar los programas públicos de asistencia y desarrollo social, pues les condicionan la entrega de recursos a que apoyen al PRI o al PAN, según sea el caso, en los comicios, denunció el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), una de las organizaciones de base de la Asamblea Popular de los Pueblos en Oaxaca (APPO).
En una entrevista que concedió vía telefónica, Catarino Torres Pereda, integrante de la Comisión Política Nacional de la organización y quien fue preso político, explicó que el trabajo del Codeci es reciente en la entidad poblana, y se ha enfocado principalmente a apoyar a las comunidades indígenas en la producción, comercialización y defensa del maíz.
Empero, el Comité de Defensa Ciudadana –que aglutina a indígenas de otras cinco entidades en la República Mexicana– ha recogido denuncias de los pueblos indios acerca de la distribución selectiva que hacen autoridades de los niveles estatal y federal del gobierno.
“Particularmente se trata de funcionarios del PRI y del PAN que quieren capitalizar políticamente los recursos oficiales. Esto también es muy frecuente en los municipios cercanos de Oaxaca, como Huautla de Jiménez”.
Desde el año pasado, cuando arreció la contienda entre los aspirantes a la gubernatura de Puebla, militantes del PRI y del PAN se han acusado mutuamente de estar aprovechando las estructuras gubernamentales en las que trabajan para sacar raja política.
Las imputaciones han señalado principalmente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, Javier López Zavala, principal aspirante del Revolucionario Institucional a la postulación por la primera magistratura, y al senador Rafael Moreno Valle Rosas, considerado el aspirante a vencer por la candidatura a gobernador, pero por Acción Nacional.
Se ha hablado de que ambos políticos utilizan a los aliados que tienen en el gobierno federal y estatal para capitalizar políticamente apoyos; sin embargo, ambos lo han negado y hasta ahora no se han presentado pruebas fehacientes o denuncias contra ellos en el Instituto Federal Electoral o en el Instituto Estatal Electoral.
El Codeci está organizando una marcha de más de 10 mil indígenas procedentes de seis entidades federativas por la autopista a la ciudad de México a fin de exigir una audiencia con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la que le planteen su enojo por la exclusión de la que han sido víctimas por parte del Estado mexicano.
Al titular del Poder Ejecutivo federal se le expondrían la injusticia y marginación ancestrales que han padecido las comunidades indígenas en prácticamente todos los aspectos de la vida social, como la carencia de defensores de oficio indígenas en el aparato jurídico mexicano, que conlleva el encarcelamiento para personas que la mayoría de las veces son acusadas infundadamente de delitos o ignoran los ilícitos que se les imputan.
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