“Felícitas” y “Susana” son dos de las muchas víctimas de los centros escolares, sus cuerpos de niñas-adolescentes no son cifras estadísticas, sino el terreno de la agresión sexual por parte de sus maestros y de directivos de las instituciones educativas.
Las estadísticas producto del Diagnóstico y evaluación de la situación de violencia de género en comunidades rurales e indígenas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, elaborado por Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía y Familia; el Grupo de Información en Reproducción Elegida; e Ipas México, son el reflejo de una realidad que tienen nombres y vidas apenas comenzadas.
Evelyn Aldaz Velez, señala en el resumen ejecutivo de los hallazgos de Oaxaca, que las adolescentes que hablan una lengua indígena han enfrentado mayores episodios de violencia en la familia (54 por ciento de adolescentes indígenas contra 31 por ciento de adolescentes no indígenas).
En la comunidad la violencia también es mayor contra las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas en comparación con las que no lo son, con 51 y 32 por ciento, respectivamente. Mientras que en la escuela la cifra también desigual, 29 por ciento frente a 17 por ciento, entre las niñas que hablan una lengua y las que no. Esta es la “clasificación” donde se podrían ubicar Felícitas y Susana.
Felícitas y Susana, cuyos nombres se han cambiado para proteger su identidad, son dos de las niñas afectadas por la violencia sexual en la escuela.
Se trata de los albergues de Zacatepec Mixes y de Tamazulapam Mixe, donde el director, en un caso, y un maestro en el otro abusaron de sus alumnas.
De los hechos existen denuncias, en el primero no se obsequió la orden de aprehensión en una primera instancia, por lo que se apeló la decisión. Del segundo caso, la autoridad municipal obligó al padre de la víctima a firmar un “acta convenio”.
SUERTE DE SER MAESTRO Y AUTORIDAD
En tanto de responsables de la educación como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), optan en todos estos casos por tomar la misma determinación: cambiar a los maestros agresores de institución para “resolver el problema”.
Esa ha sido la “suerte” de los agresores de Felícitas y Susana: Eloy Nicolás Laureano y Víctor Pérez González, quienes no sólo no fueron detenidos, sino también reconocieron los hechos que se les imputaban, pero firmaron un “convenio” que a la fecha no cumplen.
En estos casos, una de las familias fue obligada a firmar un convenio o acuerdo por parte del Ministerio Público, lo que estaba fuera de sus atribuciones, y por el otro fueron las autoridades municipales las que pidieron al padre suscribir un “acto convenio”.
Flora Gutiérrez, presidenta del Centro Integral Jurídico Pro-Derechos, asociación civil que lleva la defensa jurídica de los dos casos de violación contra las menores, denuncia que la circunstancia y la relación de poder que manejan los maestros en las comunidades son elementos fundamentales para que prevalezca la impunidad.
Se trata de maestros afiliados a la Sección 22 del SNTE. A veces estos maestros tienen un cargo dentro de la comunidad, lo que establece una relación jerárquica sobre las mujeres afectadas por la violencia sexual, que además no tienen recursos económicos y cuyas familias a veces no pueden comunicarse con la autoridad porque no hablan el castellano.
A ello, plantea la abogada de Pro Derechos, se agrega la corrupción de los Ministerios Públicos, quienes en lugar de aplicar la justicia para las víctimas, “se venden al mejor postor… actuando a favor de quien les da más dinero y en estos casos son evidentes”.
Para las niñas violadas en las comunidades indígenas casi siempre no hay justicia, continúa la abogada Gutiérrez en entrevista con Cimacnoticias.
La impunidad de la justicia castiga a las víctimas. Mientras la comunidad también ejerce violencia contra las niñas al estigmatizarlas, lo que genera todas las repercusiones económicas, socales y culturales en la vida de estas adolescentes. En los casos de Felícitas y Susana, tuvieron que abandonar la escuela secundaria, pues se embarazaron producto de la violencia sexual ejercida en su contra. Ahora tienen que mantener a sus hijos mientras sus violadores, por el grado de autoridad o jerarquía que tienen, no reciben ningún castigo.
Gutiérrez informa las irregularidades: En el caso de Felícitas, agredida sexualmente por Eloy Nicolás Laureano en el albergue de Zacatepec Mixes, el Ministerio Público obligó a que el papá, en representación de la niña, firmara un convenio con el agresor, pese a que esta “modalidad” no está permitida por la ley.
Su obligación es investigar y ejercitar la acción penal, es decir, consignar la averiguación previa ante los tribunales para que, estos a su vez, libren una orden de aprehensión, pero en este caso los MP, lejos de verse de manera imparcial y estar a lado de la niña violada, están al lado del violador o presunto violador, señala la abogada.
Hubo una segunda instancia, pero como en el primero se negó la orden de aprehensión contra Nicolás Laureano, “pues no se acreditaba la violación y sí el estupro”, lo anterior porque el MP inicialmente había obligado a la familia de Felícitas a firmar un convenio.
Aunque de acuerdo con sus declaraciones Felícitas aseguró que el maestro la había obligado a tener relaciones sexuales, las autoridades de “procuración de justicia” y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca coincidieron en que no ameritaba ser detenido, pues Felícitas era mayor de 12 años pero menor de 18 años, lo que se configuraba era el delito de estupro, es decir, hubo cópula, pero con el consentimiento de la niña, resolución que finalmente se acordó en marzo de 2007.
“LA CARNE ES DÉBIL”
La historia de Susana no es diferente. Por los escasos recursos económicos de su familia, la niña fue enviada al albergue Alfonso Caso de Tamazulapam Mixe para que estudiara la secundaria. Quien “resolvió” el delito de violación en su contra cometido por el director de la institución escolar, Víctor Pérez González, fueron los síndicos municipales Maurilio Monterrubio López y Juvencio Franco Marín, así como otros funcionarios municipales en agosto de 2007.
Con lenguaje sexista, el acto convenio, como denominaron las autoridades, fue la forma de solucionar “el problema”, como se refieren al abuso sexual cometido contra la menor de 15 años de edad, que como en el caso anterior también resultó embarazada producto de la violación.
Susana fue contratada por Víctor Pérez González en la escuela para que fuera a su domicilio particular a hacer el aseo, ahí “logró su objetivo de tenerla sexualmente”, señala el acta-convenio cuya copia está en poder de Cimacnoticias.
Susana no les dijo a sus padres por temor a que fuera castigada, pero su madre se dio cuenta que se encontraba embarazada y así contó lo sucedido y acudieron ante las autoridades municipales, quienes optaron por resolver el caso sin que mediara la autoridad judicial.
En el acta-convenio, Pérez González “manifiesta que reconoce su error cometido y que la menor puede acudir con las instancias correspondientes y que pagará el delito que cometió, si la menor así lo desea… pero que la joven se encontraba en malos pasos…
Aclara que sabe muy bien el problema en que se metió, que efectivamente es muy penado… y aclara que cualquiera podía hacer lo mismo ya que la carne es débil y está dispuesto a arreglarlo de buena manera y para no llegar a otras instancias ya que el delito que cometió es muy penado… manifiesta que los padres de la menor hubieran platicado personalmente con este profesor, y de dialogar sobre el asunto, y de llegar a un buen acuerdo, que no era la forma o justo que se comparecieran ante las autoridades de la Sindicatura Municipal.
LAS VÍCTIMAS, SIN NINGÚN APOYO
Tanto Felícitas como Susana no recibieron nunca el apoyo económico al que se habían comprometido los agresores sexuales con la anuencia de las autoridades violentando todos sus derechos y, en cambio, los agresores sexuales no fueron castigados, fueron cambiados de escuela donde otras niñas y niños corren la misma suerte de Felícitas y Susana, señala la abogada.
Para la abogada, quien da seguimiento a estos y otros casos que se han presentado, apunta que sobre la justicia prevaleció la solidaridad masculina y una clara discriminación hacia la vida de las niñas mixes.
Flora Gutiérrez señaló que la impunidad en los casos de violencia sexual es muy alta en las comunidades indígenas, debido entre otras cosas a la completa parcialidad de los agentes del Ministerio Público.
De 10 casos de violación, cuatro se denuncian y seis no. El miedo es otro elemento por el que las niñas no exponen la violencia de la que son objeto, la estigmatización en la comunidad, pero sobre todo la poca posibilidad de que puedan acceder a la justicia, pues esto implica contar con dinero, viajar de su comunidad a la ciudad de Oaxaca y disposición de tiempo, además de un acompañamiento legal para que el MP no les diga “que dejen de molestar, que se vengan otro día”... hasta cansar a las víctimas, quienes terminas por abandonar sus casos.
De los cuatro casos, tres no obtuvieron justicia en la vía penal, el imputado no fue sancionado, al contrario, realmente la justicia fue en contra de las víctimas. En un solo caso la justicia resultó favorable a la víctima, gracias al acompañamiento legal que desde un principio se hizo, lo que no sucedió con los otros tres.
El Centro Integral Jurídico Pro-Derechos elaboró en 2007, con la ayuda del Fondo Canadá, un manual para atención a víctimas de violencia familiar, con un lenguaje accesible, sobre qué hacer en estos casos, cómo solucionamos esta problemática en las comunidades, además de impartir talleres en las comunidades, así fue como en solo unos meses encontraron al menos cuatro casos de violencia sexual.
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